EL GOBIERNO DEL DESASTRE: EL EXPEDIENTE DE CUATRO AÑOS QUE COLOMBIA NO PODRÁ OLVIDAR

Cuatro años. Un terremoto sin pausa. Un escándalo detrás de otro. La historia de los cuatro años del gobierno de Petro no puede escribirse únicamente a partir de sus discursos, promesas de transformación social y enfrentamientos políticos. También debe examinarse a través de los escándalos de corrupción, las investigaciones judiciales, las denuncias de antiguos colaboradores, los cuestionamientos a la financiación electoral y las decisiones de seguridad que dejaron profundas controversias. La UNGRD, la entidad que existe para salvar vidas, terminó convertida en el epicentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de ese gobierno. Carrotanques con sobrecostos multibillonarios y recursos destinados a comunidades vulnerables involucrados en un presunto entramado de sobornos. Según las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, el dinero fue destinado a pagar coimas a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, a cambio de apoyo a las reformas gubernamentales. Las investigaciones también alcanzaron a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a Sandra Ortiz y a Carlos Ramón González, con distintas situaciones judiciales. La gravedad del escándalo no está solamente en el dinero. Está en la posibilidad de que una institución creada para salvar vidas hubiera sido utilizada como instrumento de negociación política. Y mientras la corrupción golpeaba a una entidad humanitaria, las preguntas sobre el dinero de la campaña presidencial seguían acumulándose. Nicolás Petro, hijo de Petro, fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en un proceso alimentado por las declaraciones y pruebas aportadas por su exesposa, Day Vásquez. El contratista Euclides Torres fue señalado por pagos relacionados con eventos de campaña, mientras sus negocios y contratos estatales despertaban nuevos interrogantes. Armando Benedetti habló de quince mil millones de pesos relacionados con la campaña presidencial y posteriormente ocupó embajadas y un ministerio. También apareció el escándalo de los quinientos millones de pesos atribuidos a Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. Según las denuncias, el dinero habría sido entregado a Xavier Vendrell, el catalán nacionalizado colombiano. La supuesta grabación que demostraría la devolución de esos recursos se convirtió en otro elemento de controversia. El gobierno que prometió cambiar las costumbres políticas terminó rodeado de investigaciones sobre las mismas prácticas que había denunciado. El poder detrás de las puertas de Palacio Una niñera, Marelbys Meza, fue sometida a una prueba de polígrafo en instalaciones vinculadas a la Presidencia, en medio de un escándalo relacionado con Laura Sarabia, entonces una de las funcionarias más poderosas del gobierno. Sarabia terminó ocupando otros altos cargos y posteriormente fue designada embajadora en Londres. El coronel Óscar Dávila, vinculado a las investigaciones sobre aquel episodio, apareció muerto con un disparo en su camioneta. Medicina Legal concluyó que se trató de un suicidio. Las circunstancias institucionales que rodearon el caso continuaron generando preguntas. ¿Qué controles existían cuando funcionarios del círculo más cercano al poder quedaban involucrados en actuaciones cuestionadas? La Paz Total y el poder de las organizaciones criminales La llamada Paz Total fue presentada como una de las grandes transformaciones del gobierno de Petro. Su promesa era reducir la violencia mediante negociaciones con organizaciones armadas. Sin embargo, los resultados y las concesiones de esa política abrieron una discusión nacional. Alias Calarcá y Firu, cabecillas de las disidencias de las FARC, fueron protagonistas de un episodio relacionado con su movilización en camionetas blindadas y los beneficios asociados a los procesos de negociación. Los capos de estructuras criminales de Antioquia aparecieron en una tarima junto a Petro, en una escena que provocó cuestionamientos sobre los límites entre negociación y legitimación política. Mientras tanto, los cultivos de coca alcanzaron cifras superiores a las doscientas cincuenta mil hectáreas, de acuerdo con mediciones correspondientes al periodo, profundizando las preocupaciones sobre el narcotráfico y el control territorial. La Paz Total debe evaluarse por sus resultados concretos: la seguridad de las comunidades, la reducción de la extorsión, la disminución del reclutamiento forzado y la capacidad del Estado para impedir que las estructuras criminales se fortalezcan. Miguel Uribe Turbay: las preguntas que el Estado debe responder El magnicidio de Miguel Uribe Turbay constituye uno de los episodios más graves de la historia política colombiana reciente. El dirigente de oposición había solicitado reiteradamente protección a la Unidad Nacional de Protección, dirigida por Augusto Rodríguez. Las denuncias sobre veintitrés solicitudes de seguridad y la respuesta institucional recibida deben ser examinadas exhaustivamente. Miguel Uribe fue atacado a tiros y posteriormente murió. Las investigaciones sobre los autores materiales e intelectuales, las posibles conexiones con organizaciones armadas y las eventuales omisiones institucionales son fundamentales para esclarecer el crimen. La hipótesis de un crimen de Estado, planteada en denuncias y cuestionamientos públicos, exige pruebas concluyentes que permitan determinar si existió alguna responsabilidad estatal más allá de eventuales fallas de protección. La muerte de un candidato presidencial de oposición obliga al Estado a responder una pregunta esencial: ¿se hizo todo lo necesario para proteger su vida? Ecopetrol, Verónica Alcocer y las denuncias que rodean al poder Ecopetrol también quedó envuelta en investigaciones y controversias relacionadas con su administración. Ricardo Roa, antiguo gerente de la campaña presidencial de Petro y posteriormente presidente de la petrolera, enfrentó cuestionamientos que pusieron bajo escrutinio la relación entre financiación política, administración empresarial y decisiones estatales. Las investigaciones deben esclarecer si existieron irregularidades y si estas ocasionaron perjuicios al patrimonio público. A este panorama se sumaron las sanciones estadounidenses relacionadas con Petro y personas de su entorno, entre ellas Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, así como las controversias sobre restricciones migratorias y sus consecuencias. Pero las denuncias más recientes abrieron otro frente de enorme gravedad. Eva Ferrer denunció que Verónica Alcocer presuntamente lideraba una red dedicada a transportar drogas y dólares hacia Venezuela utilizando aeronaves oficiales. Según la información suministrada a Impacto 24/7, Ferrer ratificó sus señalamientos ante la Procuraduría y tenía previsto declarar ante la Fiscalía. Se trata de acusaciones que, por su gravedad, requieren investigaciones capaces de determinar su veracidad, identificar eventuales responsables y establecer si existió utilización indebida de recursos estatales. Y entonces apareció Angie Rodríguez. Angie Rodríguez, la exdirectora que más duró en el Dapre durante el gobierno de Petro, respaldó esa denuncia y habló de un pacto de silencio entre Petro y Alcocer. Reveló además el llamado Pacto de Valledupar: según su declaración, Petro la habría mandado a reunirse con exparamilitares para que declararan mentiras contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con el propósito de ganar las elecciones. Según esta versión, los exparamilitares se negaron. Rodríguez asegura que a quien más le teme es a Petro, a quien también acusó de presuntos actos de pederastia, travestismo y abuso de drogas y alcohol. Estas últimas afirmaciones corresponden a acusaciones atribuidas a Rodríguez, no a hechos judicialmente establecidos. Las imputaciones sobre presuntos delitos y consumo de sustancias requieren corroboración independiente; el travestismo, por sí mismo, no constituye un delito. La dimensión institucional de estas denuncias es enorme. Si se demuestra que se utilizaron recursos o funcionarios del Estado para fabricar acusaciones contra adversarios políticos, las consecuencias jurídicas y políticas podrían ser extraordinariamente graves. Las elecciones y el final de una era Las denuncias sobre el llamado voto fusil, las presiones de grupos armados y la presunta compra masiva de votos formaron parte de las controversias que rodearon el proceso electoral. Iván Cepeda, candidato identificado con la continuidad del proyecto político de Petro, reconoció su derrota. Petro, por su parte, continuó formulando cuestionamientos sobre la transparencia electoral y hablando de fraude. Esas acusaciones deben examinarse a la luz de las pruebas, los resultados oficiales y las decisiones de las autoridades competentes. Una derrota electoral no extingue las responsabilidades que puedan derivarse del ejercicio del poder. Tampoco convierte automáticamente cada denuncia en una verdad judicial. Las cuentas pendientes con Colombia La historia de los cuatro años de Petro seguirá escribiéndose en los tribunales, en los organismos de control, en los archivos de contratación y en las investigaciones periodísticas. El país necesita respuestas sobre el dinero público, la seguridad de sus dirigentes, la financiación de las campañas, la actuación de los organismos de inteligencia, los beneficios concedidos a organizaciones criminales y el uso de los recursos del Estado. Las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante pruebas y decisiones judiciales. Las políticas públicas, por su parte, deberán juzgarse a partir de sus resultados y consecuencias. Esto no puede reducirse a una sucesión de escándalos aislados. Es una etapa de la historia colombiana cuyo balance institucional, político y judicial todavía está abierto. Los episodios aquí relatados representan apenas una pequeña parte de los escándalos, las denuncias y las controversias que marcaron aquellos cuatro años. Harían falta miles de líneas para reconstruir cada caso, examinar sus consecuencias y contar las historias de quienes resultaron afectados. Muchas investigaciones siguen abiertas y todavía quedan responsabilidades por esclarecer. Esto no fue mala suerte. Fue el gobierno del desastre. Una pesadilla que Colombia quiere olvidar, pero que quedará en la historia como una cicatriz imborrable.